De  elpais

Vecinos afectados y representantes de las plataformas y asociaciones ciudadanas tras la rueda de prensa. EUROPA PRESS

Denuncian coacciones de la propiedad para expulsarlos

Vecinos de Sa Gerreria se concentraron ayer para denunciar la política de «asedio inmobiliario y coacciones» con la que, aseguran, se les pretende expulsar de sus viviendas. Diversas plataformas y asociaciones ciudadanas se sumaron ayer a la denuncia de esta situación, la cual afecta a unas 45 familias residentes en tres bloques de pisos de la barriada.

Los inmuebles en cuestión, tres bloques de 15 viviendas cada uno, se hallan ubicados en Forn del Vidre Vell 1, Forn del Vidre 2 y Hostal de Santanyí 6. Los denunciantes afirman que desde la adquisición de los bloques por parte de la actual empresa propietaria, Alquileres Sa Gerreria, los residentes «se sienten cada vez más amenazados con notificaciones de burofax, informaciones contradictorias y futuras negociaciones que nunca se materializan y que anuncian subidas desorbitadas de alquiler y/o inmediatas expulsiones, además de prohibiciones de acceder a determinadas zonas comunes como la terraza».

Se da la circunstancia de que las viviendas afectadas son de protección oficial (VPO). La extinción de esta calificación está prevista para el próximo mes de julio, hecho que según denuncian los vecinos incumple los plazos previstos legalmente. Desde el Govern, no obstante, se mantiene que la extinción de la calificación de vivienda protegida se ajusta al periodo de diez años estipulado actualmente por ley.

Encarna López es activista de la plataforma Ciutat per a qui l’habita y una de las vecinas afectadas en este caso. De hecho, con nueve años residiendo allí «soy probablemente la inquilina más antigua». Encarna denuncia que la empresa propietaria ha estado amenazando con subidas desproporcionadas del alquiler que llegarían a triplicar los precios actuales: hasta 1.500 euros frente a los 520 euros de media que están pagando ahora los residentes. Esos planes de incremento se han quedado por ahora en torno a unos 200 o 300 euros más (hasta unos 800 euros) pero los vecinos aseguran que las presiones y coacciones para que se acaben yendo a otra parte persisten.

De hecho, la propietaria ya fue denunciada y sancionada en el pasado por utilizar las VPO para el alquiler turístico. «Entonces pagaron y dejaron de hacerlo, pero su intención sigue siendo la misma. Son todo mecanismos para echarnos: vaciar todos los pisos, cambiarlos de uso y hacer un apartahotel. Es un desahucio silencioso, invisible».

En este sentido, López denuncia la total indefensión en la que consideran les ha dejado la administración pública, concretamente la Dirección General de Vivienda.

El último encontronazo con la propiedad se produjo el pasado miércoles, con un corte de luz en el edificio de la calle Forn del Vidre Vell. La propiedad se personó de inmediato acusando a los vecinos de haber manipulado y forzado el cuadro eléctrico, por lo que cursó la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional.

Joan Manuel Segura, portavoz de Stop Desahucios y también presente en la concentración y rueda de prensa organizada ayer, critica el «agresivo» proceder de la propiedad, de la que señala además que «van cambiando el nombre cada tiempo para tratar de eludir responsabilidades». En todo caso, subraya que la responsabilidad de la situación actual «es de la Administración», ya que ante estos hechos, «el Govern podría expropiar las viviendas en cualquier momento con la Ley de Vivienda de Baleares en la mano».

Por otra parte, Segura -que conviene con Encarna López en que su caso se trata de un desahucio encubierto e ilegal- explica que el número de desahucios en Baleares en el último año podría haber superado los 3.000. Las cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) establecen unos 2.200 por falta de pago de hipoteca o alquiler. No obstante, se trata de un listado incompleto según Segura ya que «no incluyen otras formas de desahucios como los de fin de contrato». Asevera que aún sin cifras oficiales en la mano la percepción desde la plataforma es que las cifras se incrementaron durante el año pasado.

Además de Ciutat per a qui l’habita y Stop Desahucios, en la rueda de prensa de ayer estuvieron también presentes miembros de la Associació de Veïns de Canamunt-Ciutat Antiga y Alquiler Digno Mallorca. Todas ellas suscribieron un comunicado de repulsa contra «la avaricia de empresas que buscan enriquecerse a través de la especulación con lo que es un derecho humano fundamental: la vivienda».

Asimismo, denuncian la «manifiesta negligencia de la Administración en la gestión de la vivienda social y en su obligación de garantizar y proteger el derecho a la vivienda digna ante la amenaza cada vez más agresiva de los intereses espurios de empresas, inmobiliarias y fondos buitre».

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