De  Elmundo

EFE

En un gesto de gran simbolismo, el nuevo Gobierno de Andalucía liderado por Juan Manuel Moreno celebró ayer su primer Consejo en Antequera. En esta ciudad malagueña firmaron hace 40 años un pacto todos los partidos de la región para conseguir la autonomía. Y PP y Ciudadanos quisieron visualizar ayer su firme compromiso con el autogobierno andaluz, frente a las críticas infundadas de quienes, en una mala digestión por la pérdida del poder, sostienen que el cambio pone en riesgo la autonomía. Pero, además, el nuevo Gobierno hizo ayer una cerrada y necesaria defensa de la unidad de España y del orden constitucional, poniendo a Andalucía como « garantía de la cohesión de todos los españoles » en un momento en el que está en juego por el desafío independentista catalán y la tibieza del Ejecutivo de Sánchez, rehén parlamentario de los secesionistas.

El primer Consejo de Gobierno andaluz permite vislumbrar dos de los objetivos fundamentales para esta legislatura. Por un lado, en cumplimiento de lo acordado entre PP y Ciudadanos, se va a producir en los próximos meses una rebaja impositiva, con la práctica eliminación de tributos tan injustos como el de Sucesiones y Donaciones, que representaba un inadmisible agravio comparativo con otras comunidades autónomas donde este impuesto es residual desde hace mucho tiempo. Con la nueva política fiscal avanzada ayer se pretende impulsar la competitividad y, sobre todo, generar empleo. No puede ser que un territorio con tantos recursos y potencial siga en el furgón de cola de Europa en este terreno, fruto en buena medida del fracaso de las políticas desarrolladas por el régimen andaluz desde la Transición.

Y, por otro lado, el nuevo Gobierno está decidido a acabar con el clientelismo y la corrupción que lastran a la región. Como hoy subraya en EL MUNDO Moreno en su primera entrevista desde su llegada al Palacio de San Telmo, la « regeneración » institucional y la « transparencia » son una meta prioritaria. En ese sentido, ayer se anunció una auditoría de 14 entes públicos para estudiar su eficacia. Urge acabar con el descontrol y la administración paralela en Andalucía, con casi 3.500 enchufados reconocidos por Susana Díaz en una estimación que se queda muy corta. Los primeros pasos van en la buena dirección.

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