De  okdiario

Ence ha decidido mantener las inversiones de 50 millones comprometidas para 2019 en su planta de celulosa de Pontevedra, congelando el resto de inversiones previstas en su plan de negocio para esta planta hasta saber que ocurrirá finalmente con la concesión de la misma, informaron a Europa Press en fuentes próximas a la compañía.

La firma que preside Juan Luis Arregui se ha dado un plazo de cuatro semanas para presentar un análisis del impacto de esta nueva situación en su plan estratégico 2019-2023 y definir alternativas al mismo.

Entre ellas que podría estar el traslado de parte de la producción de la planta de Pontevedra a la de Navia, aunque la firma estima que la ampliación de capacidad productiva de esta planta no sería suficiente para alcanzar el objetivo inicialmente fijado en su plan estratégico actual.

Las dudas sobre la concesión de la planta de Pontevedra pueden hacer variar las principales magnitudes del plan estratégico, con el que Ence preveía casi duplicar su resultado bruto de explotación (Ebitda), hasta alcanzar 550 millones de euros en 2023 a precios constantes de la celulosa, al tiempo que se había marcado el objetivo de llevar a cabo inversiones productivas de 1.100 millones durante los próximos cinco años.

En concreto, la compañía estimaba en el plan que el negocio de la celulosa elevara su Ebitda hasta los 400 millones de euros y el de energía hasta 150 millones en 2023.

Si el proceso no se resuelve de forma exitosa para la compañía, Ence reclamará todas las inversiones realizadas en la planta desde que se extendió la concesión, que alcanzan 132 millones de euros (aproximadamente el 10% de su capitalización).

La compañía no espera que como resultado de la situación actual se dispare ningún covenant financiero, según comentaron sus responsables el pasado viernes en una conferencia con analistas.

De momento, la compañía no contempla el peor escenario sobre la planta, que sería agotar las acciones legales sin éxito y cese de la actividad de la instalación, y considera que incluso en el caso de que la Justicia no les diera la razón, deberían ser capaces al menos de obtener una prorroga hasta el 2033, lo que implicaría una duración de la concesión de 75 años en total desde 1958, que es el periodo máximo que ha argumentado el Ministerio para allanarse en los procesos en curso, momento hasta el cual la planta debería seguir operando.

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